Durante el último año hubo 59 casos de amenazas y restricciones a la libertad de prensa en nuestro país

Uruguay registró 13 hechos de ataques y agresiones a periodistas entre abril de 2023 y marzo de 2024, cifra más elevada en la última década, según indicó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

En su informe de la décima edición del Monitoreo de Amenazas y Restricciones a la Libertad de Expresión de Periodistas, publicado por Cainfo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, entre el 1 de abril de 2023 y el pasado 31 de marzo hubieron en total 59 amenazas de diversa índole contra la labor periodística.

Pese a que esto supone una caída respecto a las 66 amenazas al ejercicio de la libertad de expresión registradas en el año anterior, algo que califica de «un elemento positivo», las agresiones y ataques se duplicaron, suponiendo las cifras más altas en diez años de monitoreo.

«Se pasó de 6 casos en el informe presentado en mayo de 2023 a 13 casos en este 2024. Es el número más alto para este indicador desde el inicio del relevamiento, en 2014, lo cual marca un elemento especial de preocupación ya que esto incluye amenazas de muerte y mensajes intimidatorios del entorno de un narcotraficante», expone el informe.

En cuanto a los demás indicadores, puntualiza que el de «Restricciones de acceso a la información pública» es -pese a una caída respecto a la cifra anterior- el que acumula más casos reportados con un total de 18.

Por otro lado, Cainfo acota que se observa un crecimiento en el «uso abusivo del poder estatal», con cinco casos (cuatro más que en 2023) y otra subida en «Marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa», que escaló de dos a cuatro.

Respecto a la responsabilidad, reportó que en un 63 % de los casos de amenaza registrados corresponde al Estado, mientras que en un 17 % corresponde a actores no estatales y en un 18 % a «personas o grupos no identificados».

A lo que señala «varios casos en los que funcionarios públicos con altos cargos de representación se negaron a contestar preguntas de los periodistas», la organización advierte que «el Estado sigue siendo el principal agresor del periodismo».

En cuanto a la distribución territorial, la gran mayoría se dieron en Montevideo (46), seguido de dos casos en los departamentos de Artigas, Florida y Salto, y un caso en Colonia, Tacuarembó y Cerro Largo, marcando para nuestro departamento la decisión de la directiva del Cerro Largo Fútbol Club de no otorgar entrevistas a los periodistas de La Voz de Melo.